Enrique Albistur, ex secretario de Medios del gobierno de Néstor Kirchner y cónyuge de la diputada nacional de Unión por la Patria (UP), Victoria Tolosa Paz, dice que el gobierno de Javier Milei es como la Semana Santa, porque no se sabe si cae en marzo o en abril. La Confederación General de los Trabajadores (CGT) convocando a un paro general para el 24 de enero, a 40 días de haber asumido la presidencia Milei. Son dos ejemplos de potenciales intentonas golpistas de un peronismo que no aceptó aún la derrota en las elecciones presidenciales 2023.
La democracia implica necesariamente un sistema de pesos y contrapesos que asegure el equilibrio en el ejercicio del poder. La división de poderes y la descentralización, en tal sentido, constituyen dos herramientas que impiden la preponderancia de un sector o una persona por encima de otros. Esto no significa, no obstante, que no haya habido etapas en las que la concentración del poder adquiere ribetes preocupantes. El kirchnerismo, tanto con Kirchner como con su esposa Cristina Fernández, es el ejemplo de esa concentración en la que se combinaron factores económicos (altos precios de materias primas agropecuarias) con factores institucionales y políticos (bancadas del peronismo mayoritarias y cooptación de congresistas opositores, gobernadores que, una vez electos, adhirieron al movimiento mayoritario para obtener beneficios en las transferencias discrecionales en el marco de un régimen de coparticipación federal desactualizado). Por eso, la alternancia es uno de los elementos primordiales para caracterizar el nivel de fortalezas de la democracia, tan bien entendido por la oposición en 2015 cuando dejó de lado diferencias de matiz para aunarse en un proyecto político exitoso como fue Cambiemos, gobernante hasta 2019 bajo el liderazgo de Mauricio Macri. En 2019, el regreso del peronismo al poder de la mano de Alberto Fernández fue acotado, dado que en 2023 triunfa nuevamente la oposición de la mano de un candidato que ha sido largamente tildado de antisistema, pero que, en los hechos, Milei no deja lugar a dudas sobre la plena vigencia de las instituciones y los poderes del Estado.
Es aquí en donde se torna confusa la oposición de ciertos sectores que han calificado a Milei de dictador en potencia e incluso le han sugerido una reforma constitucional para definir la transformación de la Argentina en una monarquía. ¿Es Milei un pretencioso dictador o intenta modificar las reglas de juego institucionales? Quizá puedan cuestionarse las formas de algunas iniciativas, como la inmensa cantidad de reformas que contiene, por un lado, el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N°70/23 y, por el otro, el proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. El DNU es una herramienta que está avalada constitucionalmente y cuya reglamentación, a la cual se atiene estrictamente el gobierno de Milei, es de autoría de Cristina Fernández que data de su mandato como senadora de la provincia de Buenos Aires, en el año 2005 y que fuera largamente cuestionada por la laxitud de los procesos que permiten el dictado de los DNU y su facilidad para entrar en vigencia, dado que exigen solamente la aprobación de una Cámara del Congreso. En cuanto al proyecto de Ley, su trámite legislativo se cumple, aunque las críticas por las comisiones en las que está siendo debatido son más parte de una chicana política y una formalidad que de la cuestión de fondo. La realidad es que el plenario de comisiones ha sido abierto tanto a diputados de todas las fuerzas políticas como a organizaciones no gubernamentales, de la sociedad civil, gremios, confederaciones de trabajadores y partes interesadas, quienes han podido indagar a funcionarios (ministros, secretarios y subsecretarios) de los distintos artículos que forman parte del ambicioso plan de reformas que promueve el Ejecutivo.
Resulta paradójico que el peronismo, gobernante durante 16 de los últimos 20 años, utilice argumentos sobre la democracia para criticar al gobierno de Milei. Precisamente ha sido el peronismo en su variante kirchnerista el que ha utilizado y forzado las reglas a sus bordes para gobernar. La cooptación de gobernadores utilizando la lógica schmittiana del amigo-enemigo para repartir los recursos recaudados por el Estado Nacional fue una de las herramientas predilectas para minimizar expresiones opositoras. La transformación del Congreso Nacional en una escribanía para convalidar actos del Ejecutivo sin debate y sin dar lugar a modificaciones por parte de los bloques opositores también ha sido una constante durante los 16 años de kirchnerismo. La sanción de leyes destinadas a perjudicar a medios independientes como la Ley de Medios que tenía como objetivo desmembrar al grupo Clarín es otro ejemplo paradigmático del nivel de perversión alcanzado por el peronismo. Y si tuviésemos que hablar de la justicia, no podemos dejar de mencionar la tan mentada reforma judicial que pretendía designar jueces por el voto popular a fin de evitar que los magistrados pudiesen ser independientes del poder político, objetivo en parte logrado mediante la reforma de la composición del Consejo de la Magistratura que dio preeminencia a los sectores políticos oficialistas en detrimento de los representantes académicos y corporativos.
Es imposible no aludir, por otra parte, al rol que la CGT tuvo durante los cuatro años de gobierno de Alberto Fernández, en los que no convocó a paros generales ni realizó ningún tipo de protesta frente a un escenario de descalabro generalizado que, curiosamente, fue negado y minimizado por el peronismo gobernante. A la victimización primigenia de responsabilizar a Macri, le siguió la alusión a la pandemia de Covid19, a la invasión de Ucrania por parte de Rusia y a la sequía que afectó al campo argentino en 2023. En resumen, la culpa de todos los males que perjudicaron a la Argentina en los últimos cuatro años fue de todo el mundo, excepto de quienes la gobernaron.
Puede decirse que el peronismo fue democrático desde su nacimiento hasta 1983 cuando perdió por primera vez las elecciones presidenciales. En tanto dejó de tener la hegemonía electoral, acudió a los sindicatos como fuerza de choque para desestabilizar y derrocar gobiernos, como lo hizo con Raúl Alfonsín y con Fernando De la Rúa. Sin juzgar sus figuras y los errores cometidos en ambas presidencias, la realidad es que, frente a gobiernos peronistas, el sindicalismo fue mucho más comedido y sosegado en su beligerancia discursiva. En lugar de defender a los trabajadores, se dedicó a defender la corrupción, las cajas millonarias que les permiten vivir en mansiones en barrios privados y el saqueo de las arcas del Estado para beneficio sectorial de unos pocos señores feudales en pleno siglo XXI.