Por Pablo Sulima* Si hay algo que ha dejado en claro el año que se está yendo es que la ciencia, aún con sus errores, sesgos y limitaciones, es la mejor herramienta con la que contamos los sapiens para hacer frente a nuestros problemas. Sólo pensemos que el comienzo de las campañas de vacunación a nivel mundial se da a un año de haber detectado la enfermedad. El anterior récord en desarrollo de una vacuna era de cinco, y en general no suelen pasar menos de diez. Toda una proeza a nivel especie.
Claro que, para que eso sea así, se han tenido que tomar medidas extraordinarias: entre otras cosas, la aprobación de emergencia de las vacunas por parte de organismos de control de los países (o bloque de países, como en el caso de la Unión Europea). Éstos son los que garantizan y respaldan legalmente la seguridad y eficacia de los compuestos a ser aplicados en su población.
Veamos ahora el caso argentino. Y ahí lo primero que hay que decir al respecto es que, si bien la enfermedad es nueva y la pandemia se dio a nivel mundial, las autoridades de salud nacionales han actuado no sólo improvisadamente y de forma errática, sino que han llevado adelante una política sanitara que, por más que el presidente se jacte de conformar un “gobierno de científicos”, en los hechos se comportó como exactamente lo opuesto, permitiendo, como una de las consecuencias más graves, usar a la ciudadanía como población experimental, con los riesgos que eso conlleva.
Presentemos entonces algunos hechos para justificar tal afirmación. En primer lugar, recordemos que en agosto el gobierno nacional anunció un acuerdo con AstraZéneca para producir una parte de su vacuna en el país y garantizarse una cantidad importante de dosis del compuesto. Pero como en la carrera por la vacuna esa compañía quedó un paso atrás por incumplir algunos aspectos protocolares (recuerde esto para cuando hablemos de la vacuna rusa), a principios de diciembre el gobierno de Fernández anunció el acuerdo con su par de Rusia para proveer a la Argentina de la vacuna producida por ese país, al mismo tiempo que las negociaciones con Pfizer se estancaban y el ministro González García acusaba a esa empresa de imponer condiciones inaceptables. Por supuesto, las “condiciones inaceptables” tienen que ver con la logística asociada al transporte y conservación de los compuestos, para lo que el gobierno decidió recurrir a la hiperdeficitaria Aerolíneas Argentinas, con la que pudo montar una onerosa campaña proselitista de épica nacional y popular…
La vacuna rusa, en todo caso, tiene falencias protocolares importantes que han provocado que, por ejemplo, las autoridades sanitarias europeas rechazaran su aprobación de emergencia. No así la de Pfizer, que no sólo ha sido aprobada sino que ya hay a la fecha más de treinta países que han comenzado sus campañas de vacunación con ella. Para que se entienda: uno de los problemas más graves que enfrenta la Sputnik V es la falta de resultados transparentes y verificables de los estudios de fase III, sumados a irregularidades de los estudios de fase II. En Argentina, la vacuna fue aprobada a partir de una resolución del ministro de Salud sin ningún tipo de especificación técnica precisa. Recordemos que Vladimir Putin no es una garantía de transparencia precisamente, al punto de que cuando en el día de ayer anunció que se iba a vacunar con la Sputnik (luego de reconocer no hacerlo por recomendación de las propias autoridades rusas), el opositor ex ajedrecista Gary Kasparov (quien por temor a represalias por parte del gobierno ruso ha decidido no asistir a la despedida de su madre que acaba de fallecer de coronavirus), ha insistido en que no hay forma de que Putin pueda garantizar que, llegado el caso, lo que se inyecte en su cuerpo no sea en realidad la vacuna de Pfizer…
Sin embargo, el gobierno nacional ha insistido en las bondades de la vacuna en cuestión, ignorando las falencias citadas . Por supuesto, cabe la posibilidad de que la vacuna tenga el éxito esperado, pero el punto aquí es que una política sanitaria implementada sin cumplir con los procedimientos científicos expone de forma evitable a la población. Dicho en criollo: eso no es cuidar a los argentinos. Si bien son varias las compañías farmacéuticas que están llegando al final de la carrera por la vacuna, por lo que es poco probable que la vacuna rusa sea la excepción con respecto a su potencial eficacia, los desmanejos oficiales (recordemos que el día del aniversario de su asunción el presidente dijo que antes de fin de año se vacunaría a diez millones de personas), el apuro de aprobar el medicamento sin los informes técnicos pertinentes, el anuncio de la demora en la entrega de la segunda dosis para la población vacunada o haberse conocido por medios y redes sociales la interrupción de la cadena de frío de algunos lotes sin que se paralice la vacunación allí no son precisamente las señales que permitan tranquilizar a la ciudadanía.
El gobierno ha hecho una delicada y riesgosa apuesta. Si gana, aún así no va a poder ocultar su irresponsabilidad en el manejo de la salud pública. Aunque la chance pueda ser remota, si pierde sus días estarán acabados. Mientras tanto, ha forzado a muchos argentinos a jugar a la ruleta rusa.
*El autor de la nota es politólogo egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y docente de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (UNTDF)