Legisladores de la UCR y el MPF, trabajan en la creación de una nueva norma que garantice prestaciones y servicios. Se realizaron mesas de trabajo con asociaciones dedicadas a la discapacidad y el IPAUSS. La Ley “ha sido desafortunada para el tratamiento de la discapacidad. Estamos trabajando para modificarla”, dijo Martínez Allende. La legisladora Mónica Urquiza, destacó la productividad de las mesas realizadas.
La semana culminó con varios encuentros que realizaron Legisladores que se pusieron al frente de uno de los puntos más álgidos de las leyes recientemente aprobadas. Del trabajo parlamentario también participan los legisladores Pablo Villegas (MPF) y Ricardo Romano (FpV)
El Régimen Único de Pensiones Especiales presenta tres situaciones; el hijo del afiliado que tiene discapacidad, se lo debe atender como tal; luego están los beneficiarios RUPE, que tienen esta pensión y sus progenitores no tienen obra social, son atendidos por el IPAUSS, pero la prestación la cubre el Ministerio de Desarrollo Social y el tercer caso, personas que tienen una obra social de base, que son las familias que tienen cobertura sindical o prepaga, y deben hacerse cargo del 100 por ciento de las prestaciones, según lo exige la Ley Nacional 24.901.
Los legisladores Liliana Martínez Allende (UCR – Cambiemos) y Mónica Urquiza se pusieron al frente de la mesa de trabajo, donde participaron el CAAD; la fundación Un lugar en el mundo; ASDU; “Papás familiares y amigos de personas con discapacidad”; el director por los activos del IPAUSS, Gustavo García, y el presidente de Instituto, Rubén Bahntje.
Los Parlamentarios celebraron la resolución emitida por el IPAUSS destinada a todos los beneficiarios de pensiones RUPE que sean hijos y/o cónyuges con discapacidad debidamente certificados, de afiliados directos a la Obra Social, quienes pasarán automáticamente a ser afiliados, como familiar a cargo del titular de la misma, en igualdad de condiciones que las brindadas a los afiliados del Instituto.
La legisladora Liliana Martínez Allende, en diálogo con Prensa Legislativa, consideró que la Ley “ha sido desafortunada para el tratamiento de la discapacidad. Estamos trabajando para modificarla”.
“Hemos llevado a cabo varias reuniones para establecer cuáles serán las coberturas que brindará el IPAUSS como obra social hacia las personas con discapacidad; estamos trabajando en la modificación de la Ley 1072, teniendo en cuenta la Ley 48, la 389 y todas las que tienen que ver con discapacidad y sostenemos que debemos hacer una Ley exclusiva para ellos”, estimó Martínez Allende
La referente radical se refirió al encuentro con el IPAUSS y señaló que estuvimos en tratativas para modificar la reglamentación interna, porque esta Ley fue reglamentada en tres oportunidades, se requería una reglamentación que llegara claramente al personal del Instituto para que llegara a los afiliados; cuál es la cobertura, cuáles son las necesidades del afiliado y demás”, informó.
“Logramos que, desde el IPAUSS, se emita una normativa interna que explique cómo se va a llevar adelante la atención al afiliado. En el caso de las prepagas o sindicales, en ocasiones hacen oídos sordos al afiliado y mandan a que se atiendan a través de RUPE, con el IPAUSS. Más allá de que el Instituto no se tiene que desentender de esos afiliados, en todo caso deberían compartir la prestación”, fustigó.
Respecto de las mesas de trabajo instaladas con las asociaciones relacionadas a la discapacidad, Martínez Allende adelantó la necesidad de “trabajar con los beneficiarios, para conocer las necesidades, lo que se está cubriendo y lo que no”.
Por su parte, la legisladora Mónica Urquiza, destacó la productividad de las mesas realizadas. “En la primera reunión con las asociaciones, el Director por los activos del IPAUSS, García, nos manifestó que, con la nueva Ley, a los padres de un beneficiario de RUPE, los desplazaba de la obra social y los dejaba solo como beneficiarios RUPE”, sentenció, “esto no puede ser así, la Provincia está adherida a la Ley Nacional, por lo que continúan siendo afiliados al IPAUSS”
En el encuentro, Gustavo García se comprometió a solucionar la situación. Al día siguiente, “nos hicieron llegar la disposición y lo confirmó el Presidente Bahntje, que modificaron la norma dentro del Instituto. Para nosotros es un avance muy importante, son más de 500 los beneficiaros de la obra social desde este sistema”, celebró Urquiza.
La pensión RUPE es una ayuda económica y anticipa, además, la asistencia social. “Entendemos que el Estado no debe dejar su responsabilidad de lado, pero las obras sociales deben hacerse cargo del cien por ciento de las prestaciones en caso de que estén afiliados”, dijo Urquiza, sobre la situación de las prepagas.
Ambos bloques, MPF y UCR – Cambiemos, trabajan en un proyecto que genere un nuevo texto. “La idea es unificar todas las normas, modificar la Ley 389, y sancionar una nueva Ley que se aggiorne a todo lo nuevo de la discapacidad, sin dejar de lado el resto de las pensiones”, detalló la Parlamentaria del MPF.
Sobre la situación actual de los discapacitados adelantó que busca “actualizar varias cosas. Vemos que a medida que van cambiando las autoridades en el Ministerio de Desarrollo Social o en el Ejecutivo, cambian las reglamentaciones. Apuntamos a que el otorgamiento y controles posteriores, estén plasmados en la Ley. El beneficiario no puede estar atento a ver si cambió la autoridad”, cerró.