En una votación que estuvo a punto de fracasar, el Frente para la Victoria logró convertir en ley este miércoles la creación de una comisión bicameral parlamentaria que deberá investigar la responsabilidad empresaria durante la última dictadura cívico-militar, que tuvo lugar entre 1976 y 1983.
La oposición, que formuló objeciones al proyecto, había anunciado que se abstendría en la votación, lo cual dejaba al oficialismo sin quórum para aprobar la iniciativa, pero finalmente, con el aporte de un puñado de senadores, el kirchnerismo se alzó con la ley, que obtuvo 39 votos.
Los legisladores que se quedaron en sus bancas para habilitar la votación fueron los integrantes del interbloque FAP-UNEN-CCARI Fernando “Pino” Solanas, Rubén Giustiniani, Magdalena Odarda y Jaime Linares, mientras que Norma Morandini, quien también pertenece a ese espacio, se retiró del recinto junto con la UCR, el Pro y el peronismo opositor.
El salteño Juan Carlos Romero consideró que “hay una inconveniencia en que el Congreso se vea envuelto en esta actividad ajena a lo legislativo”.
“¿Por qué tenemos que hacer nosotros un juicio civil y moral? No es tarea nuestra”, objetó el senador del Interbloque Federal, aunque aclaró que “la investigación de las violaciones a los derechos humanos es una política del Estado que debe seguir” y agregó que “los jueces no deben tener ninguna interferencia”.
“Los juicios son para nosotros el paradigma de la búsqueda de la verdad”, coincidió el gobernador electo de Jujuy, Gerardo Morales, quien propuso que el proyecto vuelva a comisión para analizar modificaciones, entre ellas la de investigar también a los sindicatos.
Por su parte, Morandini también pidió “no ocupar el lugar de la Justicia porque vamos a caer en el riesgo enorme de que no se haga justicia”.
En un extenso discurso, la cordobesa recordó que se cumplieron 30 años del juicio a las Juntas Militares y también repudió la editorial del último lunes del diario La Nación titulada “No más venganza”, donde se instaba a terminar con la persecución a represores.
“Cuando hay justicia se cancela la venganza”, resumió Morandini, quien incluso fue citada en esa nota periodística, y a su vez reivindicó la reacción de los trabajadores de La Nación que se diferenciaron de esa postura. “A nadie se le ocurre que se puedan anular los juicios”, añadió.
Antes de emprender la retirada, la legisladora señaló que “la deuda que tienen el Parlamento y el Estado es que no nos han dicho nada del destino de los desaparecidos a lo largo de estos 12 años”.
El jefe del bloque kirchnerista, Miguel Pichetto, le salió al cruce: “Morandini es injusta planteando una cuestión donde nuestro gobierno ha trabajado con mucha intensidad”.
Además, el rionegrino indicó que “hay una tradición histórica de comisiones investigadoras que no actúan como tribunales de inquisición” y que su creación “forma parte de las atribuciones del Congreso”.
También rechazó una apreciación de Morales con respecto a que serían necesarios los dos tercios de los votos para aprobar un proyecto de estas características.
La iniciativa pertenece al diputado nacional y abogado laboralista Héctor Recalde (Frente para la Victoria) y en la Cámara baja había contado con el apoyo de todos los bloques a excepción del Pro, que se abstuvo.
Se trata de un tema resistido desde el sector empresario, pues contó con el rechazo público de la Unión Industrial Argentina (UIA). Algunas de las compañías denunciadas durante el debate parlamentario fueron Mercedes Benz, Ledesma, Loma Negra y Papel Prensa.
El objetivo planteado en el texto aprobado es “la búsqueda de la verdad, la memoria, la Justicia, la reparación y el fortalecimiento de las instituciones de la democracia”.
La bicameral estará compuesta por cinco diputados y cinco senadores nacionales, de los cuales tres de cada cámara serán de la primera minoría, uno de la segunda minoría y uno por la tercera minoría.
La misión de este cuerpo será elaborar un informe donde queden identificados “los actores económicos y técnicos que contribuyeron a y/o se beneficiaron con la dictadura aportando apoyo económico, técnico, político, logístico o de otra naturaleza”.
La flamante ley también crea, en el ámbito del Congreso, el Archivo Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia, para poner a disposición gratuita del público toda la documentación utilizada por la bicameral y relacionada al tema.