"Venimos a hablar de los recursos municipales en términos del presupuesto 2013, el intento de modificación de la ley 648 y la nueva interpretación de la ley 676 que pretende que los municipios paguemos una deuda asumida por el gobierno provincial y en la que no tenemos nada que ver", afirmó Sciurano antes de comenzar la reunión con los legisladores.
El Intendente asistió acompañado de la Secretaria de Planeamiento Estratégico, Adriana Chapperon, la Secretaria de Legal y Técnica, Patricia Bertolin, el Secretario de Hacienda y Finanzas Juan Munafó y la Subsecretaria de Hacienda y Finanzas, Celina Graña.
Respecto a la nueva interpretación de la ley 676, el gobiernoprovincial plantea que implica el pago por parte de los municipios de una deuda asumida por la provincia sobre el IPAUSS. En el presupuesto 2013 esto sería deducible de sus montos coparticipables, según la nueva interpretación que pretende el gobierno.
"Eso le significaría al municipio de Ushuaia tener que pagar en el marco de esa deuda en el 2013 unos 8 millones de pesos. Tal como se planteó en la nota enviada a la gobernadora Fabiana Ríos llama mucho la atención que es una ley que se viene aplicando hace varios años y que incluso en gobiernos anteriores se ejecutaron pagos sobre esa ley, no entendemos la pretensión en el cambio de la interpretación", destacó Sciurano.
Respecto a la deuda de coparticipación, durante la sesión los municipios destacaron los atrasos que sufren en el pago por parte del gobierno provincial. El municipio de Río Grande remarcó la deuda de 60 millones de coparticipación que el gobierno provincial mantiene con dicha ciudad, mientras que con Ushuaia el monto de la deuda es de 50 millones.
Cabe destacar que el atraso en el pago a los municipios pasó de un promedio de 12 días en 2011 a una demora de 30 días en 2012.
La deuda del gobierno provincial con el IPAUSS surge de lo que fue la creación del fondo residual, que resultó del pasivo del Banco Tierra del Fuego cuando se planteó hacerlo sociedad anónima. Según la nota de respuesta enviada desde el ejecutivo municipal "de la lectura de la normativa reseñada surge claro que el origen de la deuda fue el saneamiento del pasivo del Banco de la Provincia y que para ello le dio amplias facultades al Gobierno de la Provincia para establecer la modalidad de afrontar dicha decisión, observando que en ninguna de las leyes reseñadas se estableció como obligación del Gobierno Provincial darle participación a las Municipalidades para que asumieran algún papel en la decisión de su cancelación, y eso es por la sencilla razón de que nunca en todos estos años se interpretó siquiera tangencialmente que los Gobiernos Municipales fueran sujetos pasivos de esas normas".
"En ese contexto está claro que esa era una deuda que bajo ningún punto de vista tenía injerencia en los recursos municipales", sostiene el Intendente capitalino.
Fundamentalmente esto se debe a que el municipio nunca fue parte del cambio de razón social del gobierno de la provincse debían tomar.
"Ese punto nos llevó a elevarle una nota a la gobernadora para ver si habíamos interpretado bien lo que se planteaba en el presupuesto 2013 a lo que la gobernadora contestó que estábamos interpretando bien, más allá de alguna que otra consideración que hace en su respuesta. Aparentemente el gobierno interpreta ahora que cuando la ley hace referencia al gobierno de la provincia está hablando de todos los municipios también. Y en este punto debemos ser muy prudentes, porque si cada vez que hablemos de gobierno de la provincia vamos a ser todos, no va a ser sólo con las deudas sino también con los recursos", continuó Sciurano.
En su exposición en la Legislatura Sciurano confirmó lo complicado de que se esté llevando a una cuestión institucional muy compleja temas económicos, tanto en el caso de la ley 648 como ahora con la ley 676. "Nos preocupa el antecedente que se pueda generar y que se empiece a interpretar que toda deuda que diga gobierno de la provincia implica todas las instituciones de la provincia, o sea los municipios. Es un punto donde tenemos que poner cierta lógica y sentido común mas allá de cualquier opinión de los dirigentes entendiendo lo que viene hacia adelante", finalizó el Intendente.
En el caso de la ley 648 el gobierno prevé que de interpretarse como ellos los plantean son 143 millones de pesos menos de los que dispondrá el municipio. Esto sobre un presupuesto de un poco más de 600 millones es hablar de un porcentaje que dejaría a la Municipalidad prácticamente paralizada, con un nivel de daño irreparable.
Cabe destacar que Sciurano llevó una carpeta para cada uno de los bloques de la Legislatura con la información y notas intercambiadas con la gobernadora respecto a la ley 676 y su interpretación.
Tal como sostiene la nota enviada a la Gobernadora, "la pretensión de querer incluir a los municipios como parte de un EstadoProvincial es una lamentable, aunque seguramente involuntaria, falacia porque si bien los vecinos de Ushuaia son habitantes de la Provincia de Tierra del Fuego, esto es innegable; cuando se habla de Estado Provincial no se habla del lugar físico donde vivimos sino de uno de los niveles de gobierno que jurídicamente conforman nuestro país".