El pasado martes comenzó la ronda de indagatorias en la causa que investiga el hundimiento del ARA San Juan que se cobró la vida de sus 44 tripulantes y en la cual tres oficiales de la Armada se encuentran imputados por “incumplimiento de deberes de funcionario público”. Uno de ellos es el capitán de corbeta Jorge Andrés Sulia, quien estaba al frente del área de Logística cuando el submarino perdió contacto con la Base Naval de Mar del Plata el 15 de noviembre de 2017. Sulia, el primero en comparecer ante la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, se negó a declarar.
Su presentación se mantuvo bajo un fuerte hermetismo y los detalles de su imputación no trascendieron. Al cursar la cédula de notificación, Yañez explicó que “se les hará saber a los imputados los hechos que se les imputan y las pruebas que obran en su contra”.
Fuentes judiciales informaron a Télam que Sulia llegó a las 10 al Juzgado Federal sin abogado particular, por lo que hubo que aguardar la llegada de un defensor oficial desde la localidad de Comodoro Rivadavia. Tras negarse a declarar, abandonó la sede judicial antes de las 15.
Por pedido del propio imputado, las querellas que intervienen en la causa no estuvieron presentes durante la audiencia.
La citación de Sulia había sido dispuesta el pasado 11 de octubre por Yáñez, lo mismo que la de los otros dos imputados: el capitán de fragata Hugo Miguel Correa, ex jefe de Operaciones del Comando de la Fuerza de Submarinos; y el capitán de navío Héctor Alonso, por entonces jefe del Estado Mayor de la Fuerza de Submarinos.
La magistrada citó a Correa para que declare el miércoles desde las 10; mientras que Alonso será indagado el jueves.
Alonso fue quien firmó el 24 de octubre de 2017 la Orden de Operaciones 04/17 «C», que dispuso la zarpada del ARA San Juan desde el puerto marplatense al día siguiente.
Además ofició como uno de los veedores de la Armada que embarcó en el Ocean Infinity durante las tareas de búsqueda del submarino hundido. Por esta razón ya había declarado ante la jueza Yáñez en diciembre del año pasado, en el marco de la causa paralela sobre la búsqueda del buque.
A su vez, Alonso y Correa también firmaron la orden de zarpada del submarino. Las imputaciones llegaron pocos días antes de que prescribiera la causa para los funcionarios públicos. Esto así debido a que el delito del que se los puede acusar tiene una pena máxima de dos años, y el Código Penal establece que sí no se cursan acciones contra ellos durante la misma cantidad de tiempo desde el hecho, los potenciales interesados en impulsarlas pierden la posibilidad de hacerlo.
No obstante, el curso del tiempo se suspende mientras los funcionarios permanezcan en sus cargos, por lo que otros todavía son pasibles de ser llamados por la jueza Yañez. De hecho, en su resolución la magistrada adelantó que además de los tres imputados, otros “serán convocados con el devenir de la presente instrucción”.