El Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad presentó este miércoles ante la Comisión N°2 de la Legislatura provincial, los detalles del Presupuesto 2015 que asciende a $1.162.605.327,55. Al respecto, el Ministro de Gobierno, Omar Nogar, consideró que se realizó un presupuesto acotado y responsable, donde se tomó como base el presupuesto 2014 cuya ejecución consistió el 91% en costo salarial; el 7% en Transferencias (subsidios de Bomberos y Pensiones a Veteranos); el 2% se destinó a gastos de funcionamiento.
Del total presupuestado para el 2015 se desprenden $101.205.316,94 destinado a la Secretaría de Gobierno; $938.084.895,82 a la Secretaría de Seguridad; $50.213.855,71 a la Secretaria de Asuntos Registrales e Institucionales y $73.101.259,08 al Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad.
Daniel Facio precisó los detalles de las políticas de seguridad que se van a aplicar en la Secretaría de Seguridad . Se refirió al ingreso de personal policial destinado a la nueva Comisaría del Barrio Río Pipo, por lo que aseguró que “en esta nueva jurisdicción se va redistribuir personal como asignar nuevos efectivos”.
Por otra parte, comentó que a partir de gestiones mancomunadas con el Senador Catalán Magni, se va a contar con un Fondo de Nación destinado a la construcción de un espacio físico para que en el Paso San Sebastián se instale un escáner que va a funcionar las 24 horas.
En el mismo orden, Facio explicó sobre el trabajo que se viene realizando con el Municipio de Ushuaia respecto a la concreción del Centro de monitoreo y video vigilancia, que va a contar con 50 cámaras, cuyo contralor será personal de la Policía provincial. Además, recordó que en Río grande ya se cuenta con este sistema, donde operan 54 cámaras.
Por su parte, el secretario de Gobierno, Alejandro Ayunes se refirió a la ejecución de la partida de transferencias en lo que hace al subsidio de la Ley 736, indicó que durante el ejercicio 2014 se le abonaron, a la fecha, a los cuarteles de bomberos un monto superior a los 11 millones de pesos.
A su vez, Ayunes, señaló que las demoras en las tramitaciones derivan de controles más rigurosos y detallados por parte de los organismos de contralor y de “la situación irregular ante la Inspección General de Justicia (IGJ) que mantienen algunos cuarteles de bomberos”.
Por ello, desde el Ministerio de Gobierno se firmó un acuerdo con las Asociaciones y la Federación, que derivó en el decreto 2387/14 donde se les otorga el plazo de 120 días a los fines de normalizar su situación y cumplimentar con los requerimientos del órgano fiscalizador.