Luego de las PASO, el gobierno nacional ha tomado una serie de medidas para atacar el problema de la inseguridad. Martín Casares analiza su naturaleza y teme que sean con objetivo de ganar elecciones en octubre.
Luego del resultado de las PASO, el gobierno nacional dispuso rápidamente una serie de medidas tendientes a mostrar sus esfuerzos en combatir la inseguridad actual mayor preocupación de la gente.
Con cambios en el discurso de funcionarios, políticos y dirigentes oficialistas, que dejaron de hablar de “sensación de inseguridad”, y culpar a los medios de comunicación por el aumento del delito, ahora se sostienen posturas de menor confrontación con la sociedad y más cercanas a los reclamos de la gente.
En esa línea, el 22 de agosto, mediante el decreto 1177/2013, se creó el “Programa Federal de Colaboración y Asistencia para la Seguridad” cuyo objetivo principal es: llevar adelante acciones de apoyo, colaboración y cooperación. Y en ese marco, pocos días después, el gobierno nacional le transfirió a la provincia de Buenos Aires 350 patrulleros y 350 motos.
Esta iniciativa resulta auspiciosa, y es un buen comienzo que deberá demostrarse en acciones concretas. Es importante que todos los niveles de gobierno colaboren y que sus instituciones trabajen de manera coordinada para combatir la violencia y el delito; y hasta ahora esto no sucedía.
La problemática de la inseguridad no se puede abordar ni mejorar si los distintos niveles estatales: gobiernos nacionales, provinciales y locales no actúan de manera mancomunada; también es necesario el trabajo conjunto de sus autoridades de seguridad, entre sí, y para con los fiscales.
Ahora bien, esperemos que el criterio orientador de la medida de gobierno no sean sólo las elecciones; para que el programa permanezca en el tiempo, y que no se deje de lado a aquellos gobernadores e intendentes opositores al gobierno nacional. En la presentación de la iniciativa sólo estuvieron Scioli e Insaurralde y las primeras transferencias de recursos fueron a la provincia de Buenos Aires.
Por otra parte, el sábado último se lanzó el Operativo Centinela, que consiste en desplazar a 5.000 efectivos de la Gendarmería Nacional a la provincia de Buenos Aires para realizar tareas de vigilancia y control.
La gendarmería es una fuerza de seguridad de naturaleza militar, que cumple funciones de defensa nacional y apoyo de la política exterior, por lo que sus efectivos se desempeñan principalmente en zonas fronterizas. Para cubrir sus tareas con personal del ejército sería necesario reformar la Ley de Seguridad Interior. De todos modos, esta situación no se prolongará por mucho tiempo ya que la medida durará sólo 45 días; es decir hasta el 27 de octubre, día de la elección.
A su vez, una política pública de seguridad ciudadana democrática no debe dar participación a las fuerzas armadas en tareas que corresponden a las fuerzas policiales. En reiteradas oportunidades la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que “las fuerzas armadas carecen del entrenamiento adecuado para al control de la seguridad ciudadana de manera eficiente y respetuosa de los derechos humanos combatir la inseguridad, la delincuencia y la violencia en el ámbito interno”.
No es bueno que las políticas y planes de seguridad ciudadana de un país se definan en tiempos electorales, ni como consecuencia de hechos puntuales de inseguridad.
En Argentina este tipo de políticas nunca han dado resultados positivos comprobables; no mejoraron los indicadores delictivos ni bajaron los niveles violencia. Ya hemos pasado por experiencias en las que, presionados por la opinión pública, los legisladores elevaron las escalas penales agravando sanciones y limitando las excarcelaciones para determinados delitos, recortando garantías procesales y afectando derechos.
La planificación de las políticas públicas es un proceso complejo, y aún más en materia de seguridad; ya que el gobierno debe imponer el respeto a la ley, pero también ser el primero en cumplirla.
Por eso, es importante contar con una política criminal y de seguridad claramente definida. Para ello resulta necesario un abordaje integral con estrategias de: prevención, investigación y persecución penal eficaz, más un sistema de enjuiciamiento rápido que aplique sanciones efectivas a quien cometió el delito; y por último un sistema carcelario que tienda a la readaptación del condenado.
Toda política pública debe contener una meta y objetivos, claros y fáciles de medir, para poder ser evaluada y mejorada; y en este caso parecería que los objetivos son mostrar que el gobierno nacional se hace cargo de la cuestión de la seguridad, actuando rápidamente, tomando decisiones y llevando adelante las acciones concretas para superar la delicada situación de inseguridad. Lamentablemente, son varios los indicios que indican que la meta parece ser ganar las elecciones de octubre.