El control de las finanzas municipales, así como sucede en las instancias provincial y nacional de gobierno, consta de dos instancias, una a priori y otra a posteriori. A priori, pertenece al mecanismo de presentación y aprobación del Presupuesto General de Cálculo de Recursos y Erogaciones que debe presentar el Departamento Ejecutivo Municipal ante el Concejo Deliberante, dando una idea más o menos acabada del estado de las finanzas y las proyecciones que se tienen sobre el desenvolvimiento de los distintos ámbitos de gestión. A posteriori, el control se lleva a cabo frente a la sospecha de irregularidades en la rendición de gastos efectuados. En función de la amplitud de temas en los que tiene incumbencias una gestión de gobierno y, en consecuencia, las situaciones que podrían investigarse, se estableció, en la Carta Orgánica Municipal sancionada el 28 de marzo de 2002, que el órgano de contralor – denominado en Ushuaia Sindicatura General Municipal-, sea compuesto por un síndico contador, un síndico ingeniero y un síndico abogado. Habiendo estado cubierto únicamente el cargo de ingeniero, quedaron pendientes desde 2010 hasta esta semana los de abogado y contador.
Si bien la cobertura de los cargos para la conformación de tan importante órgano de contralor de las finanzas municipales era una de las grandes deudas que tenían las gestiones de Jorge Garramuño (2002 – 2007) y Federico Sciurano (2007 – 2013), no pueden ignorarse detalles relacionados con quienes resultados ganadores del concurso. Y es que tal como lo planteara el politólogo Aníbal Lobasso en una presentación efectuada en el marco de la etapa de impugnación de las ternas, varios de los profesionales son o fueron parte de la actual gestión radical en la Municipalidad. Teresa Montilla, designada síndico contador, fue funcionaria de la Secretaría de Hacienda y Finanzas. Martín Moreyra, síndico ingeniero, se desempeñaba hasta antes de ser designado síndico como Director de Obras Públicas de la Municipalidad. Imaginémonos que la gobernadora Fabiana Ríos llamara a concurso para designar miembros del Tribunal de Cuentas y designara a Guillermo Aramburu, hoy Jefe de Gabinete; a Osvaldo Monti, hoy titular de la cartera económica; y a algún otro funcionario de primera línea del gabinete provincial. ¿No sería “rara” dicha designación y polémica por las funciones que pasan a desempeñar quienes hasta ayer fueron funcionarios? El concepto de control termina diluido en un mar de sospechas, puesto que quienes hoy son ejecutores de las partidas que plantearon para aprobar en el marco del proyecto de presupuesto, mañana pasan a ser los controladores de que dichas partidas sean bien gastadas.
En su defensa, se ha planteado que las ternas se formaron mediante un sistema transparente de puntaje, al que se accedió en forma anticipada públicamente y con la posibilidad de impugnar a postulantes con la suficiente antelación. Sin embargo, existen situaciones que pueden dar lugar a confusión que no por ello dejan de tener su legalidad. Pero, en virtud de tratarse ni más ni menos que de la conformación de un órgano de contralor, la más mínima situación que pueda prestarse a confusión e incompatibilidad de intereses, debiera dar pie a una suspensión o a un cambio que pueda significar, además de legalidad, legitimidad al proceso.
Este lunes 16 de septiembre, el intendente Federico Sciurano procederá a la firma de los decretos de designación de los síndicos. Un proceso arduo que llevó años y polémica, pero que ahora suscitará más polémica, puesto que de manera inevitable los ojos se posarán sobre el desempeño de síndicos controladores que hasta hace escasos días, eran los “controlados”.