Trabajadores del área de Comercio del Municipio de Río Grande denunciaron persecución laboral, cambios de sectores y maltrato por parte de la actual gestión encabezada por Martín Pérez. También denuncian haber recibido órdenes para “infraccionar” a comercios cuando los mismos desconocían las nuevas normativas por el COVID-19. Cinco fueron los trabajadores a los que se les cambió el lugar de trabajo por esta situación.
“Lo hablamos en un primer momento con las autoridades pero no tuvimos una respuesta”, dijo la Secretaria Adjunta de la seccional Río Grande ATE, Violeta Santander, al referirse a la situación que vivieron trabajadores del Municipio de Río Grande que fueron cambiados de sector tras recibir órdenes de “infraccionar” a comercios en el mes de marzo, cuando la mayoría de los comerciantes no habían recibido notificaciones del Municipio sobre las normativas que debían cumplir por los protocolos impuestos por el COVID-19 y agregó, “no estamos en contra de la política del trabajo que aplica el Municipio, sino la manera en que tratan a los compañeros”.
Por su parte, Mauro Vega, uno de los trabajadores directamente afectado por la situación, en declaraciones a la emisora FM Aire Libre, dijo que, “el 24 de marzo comenzaron los controles a comercios por la cuarentena, fuimos los primeros en salir a la calle, fueron cambiando las normativas, y en ningún momento tuvimos por escrito lo que debíamos hacer, pero se nos exigía que infraccionemos a los comercios por los precios pero los comerciantes no tenían ninguna información de las nuevas medidas, que era la Declaración Jurada de los precios retroactivos al 1 de marzo.
Se nos obligó a infraccionar durante una semana entera, era una presión constante sobre el Cuerpo de Inspectores, y un día nos desayunamos que ya no estábamos mas en nuestros puestos de trabajo, fueron cinco los inspectores a los que nos cambiaron de lugar de trabajo
Cabe consignar que semanas después fueron los propios comerciantes que se movilizaron a la Dirección de Industria y Comercio del Municipio de Río Grande para reclamar por las infracciones recibidas.
La situación de persecución laboral y política en el Municipio de Río Grande no es nueva, se remonta al inicio mismo de la gestión del actual intendente, cuando se procedió a dar de baja a alrededor de 200 trabajadores, personal contratado, personas que recibían planes sociales, e incluso se dio de baja a beneficiarios que recibían bolsas comunitarias, como el caso de los militantes del Partido Obrero y vecinos residentes en el barrio Bicentenario, barrio social entregado en la gestión del anterior Intendente.
“Basta de atropello, basta de la persecución que hacen a los compañeros algunos funcionarios, los vamos a denunciar”, dijo Felipe Concha, Secretario General de ATE Río Grande el 28 de febrero por esta misma situación.