Por Nicolás Giri* Mario Casabona Guerra** y Rosana Uriarte*** La concesión de permisos para exploración y explotación hidrocarburífera off shore por parte del gobierno nacional a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible –a cargo de Juan Cabandié-, oficializada el 30 de diciembre de 2021, a favor de Equinor; y los incendios forestales que tienen como epicentros la zona este y oeste de la provincia de Chubut y, particularmente, la Península Valdés y San Carlos de Bariloche, respectivamente; son dos ejemplos sobre la carencia de una política ambiental que tenga como eje la preservación, la inversión y la transparencia para con la sociedad.
Es sabido que la explotación hidrocarburífera y la quema de combustibles fósiles, pese a estar severamente cuestionadas, vienen siendo reemplazadas de manera progresiva pero firme con energías renovables, aunque todavía la matriz productiva sigue siendo preeminentemente con el petróleo y el gas como elementos principales para la generación de combustibles. No obstante –y sin entrar en la dicotomía sobre una u otra fuente de energía-, la apuesta que el Frente de Todos realiza sobre los hidrocarburos en lugar de generar y fortalecer incentivos para el desarrollo de energías limpias, habla muy a las claras sobre las prioridades que en materia ambiental posee la gestión gobernante. Además, no podemos soslayar lo suspicaz que resulta que dicha autorización emitida por el ministro Cabandié se haya dado a finales de año sin mediar instancias de diálogo que permitan aclarar los claroscuros que llevaron, en definitiva, al “Atlanticazo”, tal como se dio en llamar a la protesta que tuvo sus réplicas en diversos puntos del país en rechazo de la medida.
Por otro lado, la problemática de los incendios forestales, pese a ser resultado –una gran mayoría de las veces- de la falta de responsabilidad de quienes realizan actividades al aire libre iniciando fogatas cuando las condiciones climáticas no son favorables, no puede ser minimizada en cuanto a la potestad que el Ejecutivo nacional y las provincias poseen en materia de reducción de daños. Consternados hemos quedado al leer al ministro Cabandié “celebrando” que este verano es el de menor cantidad de hectáreas afectadas por incendios forestales. La Ley de Bosques Nativos, por caso, determina la creación de un Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, integrado por dos cuentas: la del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos, nutrida por el 2% de las retenciones de las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal; los préstamos y subsidios otorgados por organismos nacionales e internacionales y la recaudación en concepto de venta de publicaciones y otro tipo de servicios vinculados a la actividad maderera; y la de Fondos de Bosques Nativos y Cambio Climático, con fondos del Plan Nacional de Acción de Bosques y Cambio Climático. El presupuesto 2022, que si bien no fue aprobado refleja el plan de gobierno que las distintas áreas proyectan para el año en curso, estipulaba apenas un 3% de lo que correspondería para el Fondo citado con sus respectivas cuentas.
Concebir las políticas extractivistas como la panacea del desarrollo económico no sólo resulta hoy una idea anacrónica que contradice la experiencia y la tendencia que a nivel global se persigue. También es desconocer las riquezas naturales como un valor en sí mismo que permiten y potencian desarrollar sectores como el turístico, en donde la búsqueda de espacios naturales y paisajísticos poco o nulamente intervenidos por la acción humana, representan el ideal al que cada vez más millones de viajantes alrededor del mundo buscan, quizá por obra y causa de los avances urbanos y de la intervención humana en aquellos países donde mayor movilidad social ascendente hubo. Preservar los ecosistemas, las cadenas tróficas, la flora y fauna autóctona, a medida que se avanza en actividades de mera explotación de recursos naturales, termina en una quimera en la que pierde, no está de más aclarar, los ecosistemas, las cadenas tróficas, la flora y fauna autóctona.
Honda preocupación debiera generar que las personas a cargo de la elaboración de los planes de conservación y reparación de los bosques nativos no sólo no puedan utilizar las herramientas que la ley les otorga de manera amplia, en concordancia con la relevancia que esto posee. Pero también constituye un reflejo de los principios básicos que deben guiar las gestiones para hacer buen uso de sus facultades para tomar decisiones para propender al desarrollo socioeconómico. La transparencia, la claridad, la precaución, no pueden no ser tenidas en cuenta cuando los intereses chocan con claroscuros que, en mayor o menor medida, pero siempre de manera legítima, advierten las numerosas organizaciones de la sociedad civil que vienen trabajando hace décadas sobre las diversas temáticas ambientales.
*Presidente de la Mesa Nacional de UCR Diversidad
** Secretario de la Mesa Nacional de UCR Diversidad
*** Vicepresidente de la Mesa Nacional de UCR Diversidad y militante radical de la provincia de Chubut