Los últimos días han sido de notoria relevancia política para los fueguinos. La revocatoria del Convenio Colectivo de Trabajo suscripto por la entonces gobernadora Rosana Bertone junto a sindicalistas de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), de la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN) y Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA), que garantizaba el ingreso a planta permanente de funcionarios políticos de la mandataria saliente; el inicio de paritarias tras cuatro años en que Bertone se cerró y llevó a sus ministros a cortar el diálogo con los gremios; y la baja de cientos de empleados públicos, muchos de los cuales habían sido personal de gabinete de Bertone o empleados ingresados políticamente durante el 2019; fueron los hechos que marcaron una semana que mostró a un Ejecutivo con decisión política, polémica para sectores que, como el del intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, parecieron no ver nada durante los cuatro años de Bertone.
La revocatoria del Convenio Colectivo es quizá una de las más polémicas, sobre todo porque su engendro había sido contra natura. La rúbrica del mismo, que contó con la presencia del eterno Carlos Córdoba, Vuoto, la misma Bertone y muchos de sus respectivos acólitos, básicamente buscó garantizarle a los cientos de funcionarios que ingresaron a la planta permanente del Estado en 2019 la estabilidad laboral en un ensayo de instalar una bomba que estallara durante el gobierno de Gustavo Melella. No se explica en este sentido la razón por la que Bertone esperó cuatro años para firmar una barrabasada jurídica que ni siquiera contó con la intervención del cuerpo de abogados del Ministerio de Trabajo y que contenía numerosas irregularidaes, de forma y de fondo, tal cual lo enumeró el fiscal de Estado, Virgilio Martínez del Sucre.
Esta revocatoria permitió al gobernador Melella firmar los decretos de baja de personal que había ingresado de manera irregular. No obstante, también hubieron casos que fueron erróneamente dados de baja y en este sentido hubo una reacción rápida y eficaz de parte del Ejecutivo en trabajar su reincorporación. Pese a que algunos "desinteresados defensores de los trabajadores" manifestaron que se trataba de despidos de simples empleados, la realidad muestra que en aquellos casos en que se registran injustas e injustificadas bajas, el gobierno encabezado por Melella activó raudamente las tramitaciones para subsanar dichos errores. Algo que claramente no mostró en su momento Bertone que incluso debió afrontar juicios presentados por empleadas que fueron despedidas estando usufructuando licencia por maternidad.
El inicio de las paritarias es el inicio de un diálogo que estuvo cortado desde que asumió Bertone el 17 de diciembre de 2015. Un mes después enviaba un paquete de leyes de ajuste que provocó el mayor conflicto social de la historia de la provincia y el diálogo se tornaba infructuoso y escaso, limitado -o limitadísimo- a simples puestas en escena como la protagonizada en febrero de 2019 cuando el entonces ministro de Gobierno, José Luís Alvarez, sostuvo que los gremios tenían pretensiones ambiciosas salariales. Algo que tiene coherencia si consideramos que en ese momento Alvarez tenía un sueldo de más de noventa mil pesos mensuales. El diálogo retomado el pasado jueves 23 entre el Ejecutivo y los sindicalistas permite avizorar una negociación madura y racional. Pese a ello, el curso de los acontecimientos nos dirá si los gremios y el Ejecutivo podrán encarar un diálogo fructífero o si habrá exigencias de parte de los sindicalistas que contemple la realidad de los últimos años en donde lo que abundó fue ceguera crónica de parte de un gobierno como el de Bertone.