Mientras la campaña electoral de cara a las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) se desarrolla con los distintos precandidatos inmersos en ella, la crisis económica que atraviesa el país y no da tregua que permita avizorar algún tipo de mejora. En tanto Sergio Massa está empeñado en mostrar que está todo fenomenal, la devaluación avanza a pasos firmes y seguros y, en Tierra del Fuego, los trabajadores textiles siguen en la incertidumbre de no saber qué pasará con sus puestos de trabajo, entre otras perlitas inexplicables de un oficialismo que se encuentra en un estado de negación.
El caso del sector textil es el ejemplo de cómo la improvisación es el estilo distintivo de las gestiones de Alberto Fernández y sus ministros. La prórroga del subrégimen de promoción industrial, promesa largamente declamada por Fernández en la campaña de 2019; su formalización se produjo recién algunas semanas antes de las elecciones legislativas de 2021. ¿Especulación política y electoral? No cabe la menor duda, dado que el sector que hoy se encuentra en la nebulosa no ha sido incorporado en dicha prórroga y se enfrenta a divagues de quienes deben brindar las respuestas correspondientes.
Recientemente hubo cruces mediáticos (y no tanto) en relación a la instalación de un radar, presuntamente para rastreo de “basura espacial” pero que podría tener un uso eventualmente militar. El problema aparece cuando se empieza a conocer que el radar pertenecía a una empresa de capitales británicos y cuya inscripción local contó con la invalorable ayuda de asesores de la diputada del Frente de Todos (FdT), Mabel Caparrós, quien se defendió alegando que los socios que prestaron su firma para la conformación de LeoLabs eran parte de un estudio jurídico contratado para realizar tareas de asesoría en su despacho en el Congreso de la Nación. Además, el radar no sólo fue instalado en cercanías de Tolhuin, y a pocos cientos de kilómetros de las Islas Malvinas, con el consiguiente riesgo para la defensa nacional. También contó con los permisos provisorios del Estado Nacional que dieron el visto bueno para la construcción del radar objeto de la discordia sin que se advirtiera de esta situación hasta que alcanzó ribetes inesperados (seguramente) en los medios de comunicación de la provincia.
Si bien algunos destacan un nivel de estabilidad alcanzado por el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, la realidad es que dicha estabilidad es más política que económica. No abundan los rumores de internismo constante cual guerra sin cuartel entre facciones del gabinete nacional, así como las versiones de renuncias de funcionarios de la cartera económica. Los niveles de inflación; la devaluación del peso argentino; la evaporación de las reservas de Banco Central, las transferencias cada vez más alicaídas a las provincias; las extenuantes giras pasando la gorra por los distintos países y bloques comerciales para poder enganchar alguna moneda de algún especulador con sacar alguna ventaja futura para un eventual gobierno de Massa ante la falta de dólares para cumplir con los acuerdos firmados por el actual gobierno nacional con el Fondo Monetario; han sido las constantes desde que asumió Massa y que no tienen la atención debida. El blindaje mediático levantado alrededor de la figura de quien prometía barrer con todos los ñoquis de La Cámpora llega a niveles exasperantes para quienes, despojados de toda ilusión de un mínimo bienestar, observan cómo los aumentos de precios pulverizan el poder adquisitivo de los salarios.
Un aumento en el gravamen conocido como Impuesto PAIS, que encarece los insumos importados que utiliza la industria fueguina y para cuyo acceso debe someterse a rigurosos (o no) permisos y autorizaciones, tampoco contribuye a la sensación de estabilidad que se pretende instalar. Funcionarios han admitido que, en el marco de la campaña electoral, no habrá decreto que mejore las proyecciones hasta fin de año de la industria enmarcada en el subrégimen de promoción del que tanto se vanaglorian respaldar desde el kirchnerismo, rebautizado Unión por la Patria, remedo de la pretérita Unidad Ciudadana y su actual ropaje Frente de Todos.
La paradoja del actual remedo en proceso, Unión por la Patria, es la transformación camaleónica de algunos de sus dirigentes y referentes. En Tierra del Fuego, su primera candidata a diputada, Andrea Freites, fue parte del gobierno de Rosana Bertone, su quinta columna y espada legislativa que apoyó con su voto y su discurso el paquete de leyes que se aprobó a principios de 2016 y que desembocó en la crisis política e institucional más grave de su historia, con la ocupación de la avenida San Martín enfrente de la Casa de Gobierno con un acampe violentamente desalojado pero también con la utilización de patotas sindicales como fuerza de choque en la Planta Orión. Un Massa que fue parte del menemismo a través de la Unión del Centro Democrático (UCEDE), yerno del dirigente Fernando Galmarini (referenciado en Eduardo Duhalde), titular de la Administración Nacional de Seguridad Social (AnSeS) abocado a planchar los reclamos de jubilados y luego jefe de Gabinete de Cristina Fernández de Kirchner, a quien abandonó diciendo que jamás volvería y prometiendo barrer con los ñoquis de La Cámpora. Esto, sin contar que el propio kirchnerismo desplegó sus ínfulas creativas mediante coros polifónicos con una sola oración apuntando al “traidor de Massa”.
Sin duda la proyección no sólo no es buena sino que dependiendo del resultado que las PASO arrojen, se determinará el estilo de transición que viviremos los argentinos hasta el 10 de diciembre cuando asuma la gestión cuya fórmula triunfe en octubre y/o noviembre, de haber segunda vuelta.