Un joven denunció ante el INADI que no le permitieron donar sangre en una campaña oficial por su condición de homosexual. El hecho se produjo el jueves cuando Facundo Romero, el joven damnificado, concurrió a donar sangre al Instituto Provincial de Hemoterapia de San Juan y no lo dejaron. “Luego de los análisis de rutina, hemograma y grupo-factor” y llenar un formulario, una empleada del Instituto informó que no podía donar sangre “simplemente por el hecho de ser gay”, contó.
Romero difundió lo sucedido en una carta que publicó en las redes sociales, luego de ir a la sede del INADI en San Juan, para realizar la denuncia. “Somos personas, mi sangre es igual a la de todos, se analiza de la misma forma, toda la sangre pasa los análisis serológicos, si tenés algo se desecha y te lo notifican en los análisis que puedes recoger días después de realizada la donación”, explicó el joven en la carta.
“Más allá de que me discriminaron por mi condición sexual, desde el 2015 hay una modificación en una ley que prohíbe la exclusión de las personas gays, lesbianas, travestis, transexuales, bisexuales e intersexuales”. A su vez se lamentó: “Me dijeron que mi caso no era el primero y supongo que, desgraciadamente, no será el último. La impotencia que tuve el sentirme distinto y excluido no se lo deseo a nadie”.
Romero se refiere a la disposición que modificó la Resolución 865/2006, reglamentaria de la Ley Nº 22.990, que contenía un formulario de donación de sangre con una exclusión hacia los homosexuales. El Ministerio de Salud puso fin al protocolo en septiembre de 2015.
Por su parte, desde el INADI explicaron que como parte del trámite “la delegación manda la denuncia al Inadi central, que evalúa la legislación y se le pide a la delegación que constituya un espacio para que hablen las partes involucradas con el denunciante”. En ese sentido, manifestaron que hay varios posibles resultados. “Puede pasar que pidan disculpas y acepten el error y el denunciante acepte. Si no acepta, el Inadi dictamina. Es un proceso administrativo, no tiene fuerza legal”. El proceso puede tardar unos 3 meses.