Por Luciano Moreno Calderón* En lo que no es la primera demostración de anglofilia por parte del oficialismo, y que incluso seguramente no será la última ni la más lesiva e inconveniente a nuestros intereses soberanos, el miércoles pasado, el interbloque “Cambiemos”, para mal, rechazó la iniciativa que buscaba reglamentar, ampliar y aplicar la Ley Nacional N° 27.023, que tiene por objetivo que en los aviones de nuestra aerolínea de bandera exista, tanto en su parte externa como interna, de manera visible, un logo que diga y haga saber, que “las Malvinas son Argentinas”.
En la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de la Nación, que preside Elisa Carrió, se dio tratamiento a la iniciativa que presentara el Diputado Nacional Martin Perez, que no solo buscaba aplicar la citada ley nacional, sino que la ampliaba al proponer que existiesen folletos malvinizadores y tickets con la leyenda ya aprobada el pasado año.
Esta iniciativa, tomada y perfeccionada por Pérez de una propuesta que la Unión Malvinizadora Argentina presentara en la legislatura Provincial fueguina, para lograr que esta declare su interés para que la ley nacional sea aplicada, fue no solo acompañada por sendos diputados nacionales del FPV sino, por el Diputado Gastón Roma de Unión Pro, e incluso, como dato realmente destacable, fue firmada y defendida por Elisa Carrio, que, sobre un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, a cargo de Susana Malcorra, dijo que el contenido “no es una respuesta, sino una falta de respeto”
En el comunicado citado, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que es necesario nos detengamos a analizar aunque sea superficialmente, se expresa que “si bien no existen objeciones”, la iniciativa “podría generar una considerable erogación para la aerolínea de bandera, sin generación de empleo genuino”
Ahora bien, esta respuesta del Ministerio, perfectamente descrita y calificada por Carrio, nos llama a algunas reflexiones.
En primer término, entendiendo que la ley a reglamentar y aplicar, es competencia del Ministerio del Interior y transporte de la Nación, tal cual lo expresa la propia ley nacional en su Art 5, y que la opinión expuesta en el comunicado debe ser producto de un estudio de costos y beneficios ya realizado por la autoridad de aplicación, nos gustaría conocerlo, para saber en qué basa su parecer desfavorable, no solo a la aplicación de la ley votada por el Congreso Nacional, sino a la propia Constitución Nacional, que explicita el interés legítimo e irrenunciable del pueblo argentino de recuperar nuestro terruño temporalmente usurpado.
Desde nuestro espacio de trabajo, no creemos que sea desproporcionadamente onerosa la aplicación de la norma que entendemos necesario y conveniente sea cumplida, más aún si uno incorpora en el análisis de costos-beneficios nuestros intereses nacionales y el contexto en el cual nos desenvolvemos.
Debemos destacar, en relación a este argumento vergonzante de excesiva onerosidad, que, por lo menos, no creemos que revista una gran pérdida económica para nuestro país, como sí lo fue la compra de gas a Chile por sobreprecios en más de un 120%, o la quita de retenciones al agro y la minería, que sumados hacen un total de casi 11.000 millones de dólares, en ingresos legítimos y propios que luego son suplantados por préstamos internacionales.
Por otro lado, y es importante y digno destacar, vemos con agrado la aparente preocupación de la ingeniera electrónica, Susana Malcorra, desde su cartera, en torno a la generación de empleo genuino, un cambio realmente sustancial y positivo, si tenemos en cuenta su paso por Telecom en 2001, donde no le tembló el pulso para despedir a casi medio millar de trabajadores “para ahorrar costos”, en la empresa que ese último año había arrojado ganancias por 350 millones de dólares.
Esta novel visión personal profundamente humanitaria de la Canciller, que es realmente alentadora, seguramente fue acuñada en su paso por la ONU, donde hizo una gran carrera diplomática llegando a ser Jefe de Gabinete de dicha organización, sólo parcialmente opacada por una denuncia que hizo el veterano luchador sueco de los derechos humanos por mas de 20 años, ex Director de operaciones de Campo, Anders Kompass, donde se la vincula y denuncia por encubrir violaciones de niños en África, por los cuerpos de paz, producto entre otras cosas, de unos mails internos de la organización, que si bien ella desestima, la opinión general es que no actuó de la mejor manera.
Este posicionamiento, tan loable, nos lleva a pensar dos cosas. La primera es que quizás la Canciller está tomando distancia del oficialismo, o que quizás, esperemos, esta postura sea el síntoma inicial de un cambio de rumbo en la política del Ejecutivo Federal, que hasta ahora, solo parece haberse enfocado en intensificar problemas de desocupación y pobreza.
Ahora faltaría que la Canciller, pregunte o se pregunte, y opine luego al respecto, ya que es de interés para ella y su cartera: ¿Cuánto empleo legítimo viene generando esta gestión en el ámbito público y privado? ¿Cuánto pretenden generar con la política de apertura de importaciones que estrangula la industria nacional y particularmente la de nuestra provincia, o incluso, si los despidos en el sector público y privado, responden a una estrategia de generación de empleo genuino?
Destacando que nuestro espacio de trabajo cuenta con personas sin afiliaciones políticas partidarias, abocadas a una tarea malvinizadora, ahora vamos a centrarnos en tratar de analizar la postura adoptada por el interbloque Cambiemos, y para ello es necesario exponer, que si bien personalmente no la comparto ni respeto, la comprendo y enmarco en un claro reflejo de la concepción de su “líder”, Mauricio Macri, quien desde los 90´ ya expresaba que “no entendía las cuestiones de soberanía”, y que intuyo, hoy, teniendo en cuenta la complejización de los factores económicos, políticos y sociales, internos y externos, esta ignorancia confesa debe haberse potenciado en él y sus seguidores.
Esto también explicaría la orientación de la política exterior, que se muestra inquietantemente cómoda y conforme con que se hable con el usurpador británico de “negociaciones” cuando trata de sacar provecho a la explotación ilegítima de nuestros recursos argentinos, pero de “conversaciones” cuando se trata de hacer cumplir el derecho internacional e iniciar el proceso de descolonización que las Naciones unidas desde la Resolución 2065, llama a iniciar.
Si bien entendemos, o queremos creer, que esta política es producto de la una profunda y reconocida ignorancia, y no responde a malicia alguna, este desconocimiento o desaprensión supina de los intereses históricos y nacionales, se vislumbra en acciones que van incluso más allá del Atlántico Sur, cuando, por ejemplo, festejan de la posibilidad de que el FMI inicie revisiones a nuestra economía para luego pedirle préstamos, o las tratativas o intenciones de instalar bases militarizadas de potencias genocidas en puntos estratégicos de nuestro país, o incluso, cuando se habla de la “angustia” que sintieron nuestros próceres independentistas, al luchar incansablemente contra el yugo de la sujeción colonial.
Por estas circunstancias, es que no vemos raro ni nos sorprende la postura del núcleo duro del oficialismo, aunque sí nos vemos alegrados, pero no sorprendidos, por la distancia que Carrió tomó de estas políticas antinacionales, apoyando esta iniciativa, que nosotros bien explicamos, particularmente cuando expuse en la comisión, venía a reglamentar una ley ya sancionada, donde expliqué, no solo el marco histórico en que surgió, sino la propia réplica de nuestra provincia a través de las Ley 1020, que hace menos de un mes, propusimos se creara una comisión de seguimiento para su aplicación, en el seno de la legislatura fueguina; por lo que la chicana inconducente de Margarita Stolbizer de exponer que ya existía una ley, no es más que una demostración clara de la poca importancia que le dan al cuestión Malvinas, y a los oradores que exponen en las comisiones temas de soberanía.
Siendo característico de nuestro espacio el presentar caminos de malvinización, y no solo a reunirnos, viajar y criticar, creemos que es necesario tranquilizar a los malvineros que ven interesante esta iniciativa hoy temporalmente frenada, y decirles que si bien la vía legislativa fue trabada, ahora nos queda la ejecutiva, es decir, pedirle al poder ejecutivo reglamente y ejecute la ley ya sancionada, o dé explicaciones debidamente fundadas del porqué quieren incumplir con la norma votada por el Congreso de la Nación.
Para realizar esto, queremos pedirle a la Legislatura de la Provincia fueguina, declare de interés, la aplicación de la norma nacional a la que adhirió la provincial, tal cual lo pidiéramos en Diciembre pasado y que tomara estado parlamentario bajo el Asunto 157/015, para así poder remitir esta declaración al ejecutivo nacional y nos ayude a lograr que sea aplicada la Ley malvinera, u obtener una explicación del porqué no quieren hacerla cumplir, ya que dicha solicitud, estaría avalada por el cuerpo político más representativo de la provincia, y difícilmente puedan desoír o ignorar el pedido de respuesta.
Sería importante también, lograr una petición del Ejecutivo Provincial, por medio de la Secretaría de Asuntos Relativos a Malvinas, Antártida e islas del Atlántico Sur, al cuerpo deliberativo provincial, para se exprese prontamente en favor de lo solicitado, ya que todos los proyectos que tomaron estado parlamentario referidos a Malvinas, fueron remitidos a la citada secretaría hace tres meses para su análisis, que seguramente con todo el material humano y el esfuerzo presupuestario que significó su creación, no tardará en dar su parecer.
Si bien solo tenemos palabras de agradecimiento la Legislatura Provincial por su trabajo parlamentario malvinero, y para la Secretaria Provincial, ya que su gestión hasta ahora, está preponderantemente marcada por la aplicación de nuestras iniciativas presentadas el año pasado y este, creemos que es hoy es necesario sentar postura a favor o en contra de esta propuesta, que tomó incluso, trascendencia nacional.
El autor de la nota es miembro de la Unión Malvinizadora Argentina