La situación laboral en Argentina puede ser vista a través de dos lentes: la de la perspectiva histórica y la del estado actual en que se encuentra. Pese a que puedan ser muy similares, contienen elementos que bien pueden otorgarnos visiones diferenciadas. Esto es lo que nos ayudará a entender aspectos que hacen a la vida laboral en una Argentina de singularidades respecto de sus vecinos latinoamericanos.
La perspectiva histórica nos habla de que el 1 de Mayo de 1886 se inicia en Chicago, Estados Unidos, una huelga en reclamo de una jornada laboral de ocho horas diarias que alcanzaría su punto más álgido el 4 de mayo con la llamada Revuelta de Haymarket. En 1889, el Congreso Obrero Socialista reunido en París, Francia, declara el 1 de Mayo como Jornada de Lucha Reivindicativa, predecesora del actual Día Internacional de los Trabajadores. Si bien existían para 1886 varias leyes que establecían jornada de ocho horas, existían cláusulas que permitían extenderlas a 12, 14 e incluso 18 horas. Sin embargo, la huelga y los hechos posteriores (que llevó a condenados a la horca y otros a prisión cuyas penas fueron conmutadas luego por el entonces presidente Andrew Johnson) provocaron que algunos sectores patronales accedieran a otorgar jornada de ocho horas puntualmente, lo cual fue celebrado por los movimientos obreros demandantes.
En 1904 recién aparecerían las primeras señales oficiales en la Argentina por reglamentar el trabajo en sus diversas formas. Siendo presidente Julio Argentino Roca y ministro del Interior Joaquín V. González, éste presenta un proyecto de Código Nacional del Trabajo que para su época resulta ser preventivo y no paliativo, a diferencia de otros que fueron respuesta a la Revolución Rusa de 1917 y el riesgo comunista en ciernes. Con más de 450 artículos, estableciendo el descanso dominical, la jornada laboral de ocho horas diarias, los contratos de aprendizaje – hoy denominado “pasantías”-; condiciones de higiene y seguridad en el trabajo; las indemnizaciones que debían cobrar los trabajadores cuando sufriesen accidentes de trabajo; entre otros modernos (para ese tiempo) aspectos; constituyó un proyecto de avanzada que no fue asumido como tal por sus detractores de derecha e izquierda, entendiendo por tales a los sectores empresarios, los movimientos sindicales y anarquistas, el Partido Socialista, por caso. Juan B. Justo, líder del socialismo argentino, reconocería años después que fue un error no haber apoyado tal iniciativa oficial.
Habría que esperar a la presidencia del radical Hipólito Yrigoyen (1916 – 1922) para que se encontrase un impulso oficial a las iniciativas legislativas laborales y a la presentación de un nuevo Código del Trabajo. El rol mediador que Yrigoyen representa otro de los ejes rectores de la política laboral del radicalismo en su gestión fundacional.
La creación de la Confederación General del Trabajo (CGT) el 27 de septiembre de 1930, no fue más que el preludio de la importancia decisiva que el sindicalismo y el movimiento obrero tendrían en el devenir del curso de la historia. La sanción de leyes que regulen las relaciones laborales de diversos sectores y la adhesión que manifestaría la CGT al nuevo gobierno de Juan Domingo Perón a partir de 1946 (donde el propio líder, Ángel Borlenghi, fue ministro del Interior cuando asumió en 1946 el anteriormente secretario de Trabajo y Previsión Social) serían el alba de una filosofía participacionista e incluso colaboracionista que manifestó la CGT que decía defender los derechos de los trabajadores pero no dudaba en conspirar apoyando golpes de Estado contra presidentes como Arturo Frondizi, Arturo Illia o Raúl Alfonsín, en 1962, 1966 y 1989, respectivamente.
Si de estado actual de los trabajadores debemos hablar, no podemos dejar de lado algunos datos. En primer término, la economía argentina a lo largo de las décadas muestra ciclos de expansión y de retracción, con recesiones bruscas que perjudican el empleo y la situación socioeconómicas de una porción relevante de la población cada diez años.
Mientras la última caída se produjo en 2001, con el 50 por ciento de la población bajo condiciones de pobreza e indigencia, con un trasfondo de desocupación y/o precariedad de condiciones laborales que hacían de la Argentina un semi-estado fallido; en 2015 no nos encontramos con un escenario de semejante magnitud, aunque hay señales de alerta que no pueden ser omitidas. Con alrededor de 3 millones de personas (según datos oficiales) que se encuentran desocupadas o subempleadas; la tasa de actividad más baja en una década; un cepo cambiario que afecta a los sectores industriales que no tienen capacidad para pagar en dólares los insumos importados para sostener procesos productivos, viéndose obligados a implementar contratos bajo condiciones precarias que incluyen horarios reducidos y temporales en función de la demanda; el panorama no es de lo más alentador que pueda imaginarse. Y si a esto sumamos la existencia de bolsones de pobreza y marginalidad pese a estar transitando el final de una “década ganada”; la persistencia de la informalidad laboral como consecuencia de regulaciones que hacen extremadamente costoso el mantenimiento de trabajadores “en blanco”; o la negativa del Gobierno de eliminar impuestos o actualizar mínimos no imponibles para impuestos como Ganancias que hoy lo pagan trabajadores; podremos tener las pinceladas necesarias para obtener un cuadro que, potencialmente, de no revertirse, puede ser dantesco. Es por ello que resulta un tanto inexplicable la insinuación expresada recientemente por sancionar un nuevo Código Nacional del Trabajo, cuando las prioridades dados los problemas existentes no hablan tanto de la necesidad de modificar o cambiar de cuajo el marco legal existente, sino resolver las circunstancias que pudieron irse mejorando en estos años pero pueden caer en saco roto de no haber preocupación y ocupación en los asuntos pertinentes.
Quienes asuman los destinos de la República Argentina el 10 de diciembre de 2015 deberán sostener un discurso y una praxis que no sólo contemple las demandas de los trabajadores actuales, sino (y sobre todo) considerar el marco histórico en que debieron desempeñarse. A fin de cuentas, Argentina tuvo históricamente como valores la movilidad social ascendente y la organización sindical con vistas al mejoramiento socioeconómico y constituyen dos de las principales bases para volver a ser el país igualitario y progresista que supo ser hasta los años 70, aun con sus defectos claramente advertibles por quienes atravesaron dichas circunstancias.
www.shelknamsur.com