La titular del bloque del Movimiento Popular Fueguino (MoPoF), Mónica Urquiza se refirió a la compra por parte del Gobierno de la Provincia del edificio del Casino Club y a la permuta de los bienes inmuebles entre la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS) y el Grupo New San, ambas aprobadas en la 9° Sesión Legislativa.
En este sentido, Urquiza indicó que la compra del edificio del Casino Club “fue un tema que ingresó en la labor parlamentaria el pasado jueves y tratado sobre tablas a pedido del bloque oficialista. Hablamos de un nuevo endeudamiento para la provincia. La gente se encuentra totalmente abandonada por este Gobierno. Existen necesidades básicas insatisfechas que evidentemente no son prioridad para la gestión de Bertone”.
“Con lo que se gasta en la compra del Casino Club de Cristóbal López se podrían construir, por ejemplo, un mínimo de 350 viviendas, por el sistema de auto construcción, pero lamentablemente estas no son las decisiones políticas de este gobierno” relató Urquiza.
Por otra parte, la legisladora hizo mención de la Ley que autoriza a realizar la permuta de bienes inmuebles entre la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS) y el grupo New San para concretar la obra de ampliación de la planta de tratamiento de líquidos cloacales que se encuentra en la zona de Arroyo Grande.
En esta línea mencionó “también quedó demostrado, que la decisión de llevar adelante la transacción inmobiliaria estaba tomada en el mes de enero y recién en abril, iniciaron el expediente solicitando una serie de informes direccionados a esta permuta”.
Urquiza, agregó “nos quieren hacer creer que el Tribunal de Cuentas avaló esta operación, pero en realidad solo confirmó que para llevarla adelante necesitaban una ley especial”.
“Asimismo sumaron a la Dirección Provincial de Energía, que debe abonar la diferencia de valores garantizando al Grupo New San por lo menos dos años de energía eléctrica, mientras que los pacientes electrodependientes en Tierra del Fuego, continúan esperando la adhesión a la ley nacional que les garantice la provisión de energía así como una tarifa diferenciada, nada más ni nada menos que por una razón de supervivencia”, concluyó la parlamentaria.