El presidente del Colegio de Abogados de Ushuaia, Clemente Vidal Oliver, dialogó con Radio Nacional Ushuaia sobre el proyecto presentado en la Cámara de Diputados para que los ciudadanos puedan disolver sus matrimonios con un trámite en el Registro Civil. El letrado sostuvo que “El proyecto nos sorprendió porque nunca recibimos el contacto de quienes lo llevan adelante. Ni siquiera para ver nuestra opinión, qué consecuencias puede haber y demás”.
El titular del cuerpo explicó que, “en rasgos generales, consiste en que si alguien se quiere divorciar, en lugar de ir a ver un abogado como para saber derechos, obligaciones y consecuencias, que vaya al registro civil y diga ‘me quiero divorciar’. Llenará un formulario, lo completará y listo”.
“Si tuviera hijos no entraría dentro de los requisitos. Aunque sí establece que deberán renunciar a sus derechos. La primera pregunta es ¿cómo saben cuáles son si no vieron un abogado?, ¿cómo sabemos a qué renunciamos si no sabemos nuestros derechos?, ¿cómo sabe la gente qué es un bien ganancial o un bien común?”, prosiguió.
Vidal Oliver, por otra parte, dijo no tener “idea de dónde surge, porque no tuvimos contacto con los impulsores de este proyecto. La diputada nacional Mabel Caparrós es una de las co-firmantes, pero no nos consultó a nosotros, ni al Colegio de Abogados de Río Grande”.
De igual forma, anticipó que, “en esta semana, saldrá la Federación Argentina de Colegios de Abogados. Nosotros con los colegas de Río Grande nos sentimos más directamente involucrados porque una diputada de la provincia se encuentra involucrada. Aunque hay otros colegios que ya salieron a dar su opinión”.
“Cuando nos encontramos con estos proyectos, nos preguntamos por qué y para qué. Hasta ahora no lo podemos responder. Me parece interesante saber las profesiones de quienes impulsan estos proyectos. Hay dos psicólogas, una contadora y el resto son políticos. Ninguno es abogado”, agregó.
Por último, habló sobre el caso de la mujer que ganó un premio millonario y el IPRA aplicó el tope de banca: “Estamos en plena preparación del proceso judicial. Cobró un 27% de lo que debería haber cobrado”, afirmó.